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‘Declaración de Córdoba sobre el Derecho a la Comunicación’

Como ya sabéis la pasada semana estuvimos presentes en el Foro Andaluz de la Comunicación que se celebró los días 10 y 11 de junio en el rectorado de la Universidad de Córdoba. Durante las dos jornadas se trataron muchos e interesantes temas y se llegó a una serie de conclusiones que se recogen en la ‘Declaración de Córdoba sobre el Derecho a la Comunicación’ [1]. Aquí os la dejamos.

Foro Andaluz de la Comunicación [1]

El Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía somos las organizaciones  sociales, colectivos, movimientos de la sociedad civil, y la ciudadanía, preocupados por la falta  de libertad de expresión, comunicación y participación de la ciudadanía. Consideramos que en la  comunicación se fundamenta la libertad del ser humano, su capacidad para elegir, construir e  intercambiar realidades, experiencias e ideas. En ella radica la riqueza de las sociedades, el  intercambio cultural y la diversidad radical de una sociedad global. La comunicación implica el  derecho a la libertad de opinión y de expresión, el de investigar y recibir informaciones y  opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, tal  como aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sobre la que se construye el artículo 20 de nuestra Constitución a la que el Tribunal Constitucional otorga la propiedad de salvaguardar el contenido real de otros derechos que la Carta Magna consagra.

Es por ello que consideramos, que ni la actual circunstancia económica, ni las diferentes  regulaciones públicas o privadas, deben constreñir un derecho humano que otorga dignidad a los seres humanos. La Comunicación es el elemento principal para la participación de todos los  ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social, no solo a través  del derecho a recibir información veraz, sino a emitirla en igualdad de condiciones que otros  actores sociales, condición fundamental para el desarrollo pleno de la democracia, así como  para que los ciudadanos puedan opinar y actuar libremente. La información constituye un  derecho fundamental reconocido como tal por el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, cuyo sujeto o titular son los ciudadanos/as, a quienes corresponde el derecho de exigir que la  información que se da desde el periodismo se realice con veracidad en las noticias y honestidad  en las opiniones sin injerencias exteriores, tanto de los poderes públicos como de los sectores  privados.

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en el funcionamiento democrático. A  diferencia de otros países del entorno europeo, el control del espacio público de debate y  comunicación está desregulado. Los medios de comunicación son entidades especiales y  esenciales para el desarrollo democrático del debate público y deben de ejercer como contrapeso, supervisión y control del funcionamiento político. Su funcionamiento, así como el de  los profesionales de la comunicación, ya no solo necesitan de una regulación, sino que ésta debe ser especialmente diseñada para tal propósito, asegurando su independencia y asentando sus  bases bajo la vigilancia del ejercicio de las libertades fundamentales.

Creemos que el sistema audiovisual actual ha fracasado y entre las acciones más urgentes está la  aprobación de una Ley del Audiovisual Andaluz. Destacamos que este Foro Educación,  Comunicación y Ciudadanía ha sido un punto de encuentro de diversas experiencias y objetivos que comparten fines comunes de empoderamiento de la ciudadanía en la comunicación. El Foro  asume los principios en la declaración del Parlamento Europeo de 2008 sobre medios de  comunicación comunitarios y los 14 principios de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de 2009 para una adecuada legislación que garantice el derecho a comunicar en los  medios de comunicación comunitarios, culturales, educativos y con denominaciones análogas,  así como otras buenas prácticas nacionales e internacionales que incluyen el derecho de acceso  en los medios públicos.

Reivindicamos que los agentes implicados en la comunicación (asociación, ONG, medios de  comunicación de los tres sectores, organizaciones de profesionales y ciudadanía en general) sean  partícipes en la construcción de la Ley de Comunicación Audiovisual de Andalucía y que la  administración autonómica tenga en cuenta las recomendaciones internacionales en esta  materia.